Proporcionar a los participantes una base socio-jurídica sólida en materia de migración y derechos humanos, con el fin de que se conviertan en agentes transformadores de la realidad social y puedan desarrollar sus actividades profesionales y/o académicas con las herramientas teóricas y prácticas adquiridas en el Diplomado. Ello a través de la construcción del conocimiento del tema desde el trabajo que se hace en la academia, el gobierno y la sociedad civil organizada, con miras a comprender el fenómeno migratorio de forma integral y transversal, desde la referida perspectiva socio-jurídica.

Desde los inicios del Estado-Nación, los Estados han sido soberanos en la admisión de extranjeros en sus territorios y en la determinación de su política migratoria; sin embargo, ello no impide que actúen dentro de los estándares mínimos que establecen los derechos humanos en su trato a los extranjeros presentes en su territorio, cualquiera que haya sido su forma de entrada o su actual estatus migratorio, toda vez que antes de ser extranjeros son personas amparadas por los estándares, nacionales e internacionales, de derechos humanos.

La protección de los derechos humanos de los extranjeros no deja de suscitar controversia entre los Estados debido a que implica una disminución de la autonomía y soberanía que tradicionalmente han gozado en su tratamiento hacia estas personas. En este sentido, es preciso resaltar la importancia del Derecho para defender los derechos humanos de los extranjeros, especialmente los de aquéllos en situación de vulnerabilidad y marginación, por ejemplo los niños, las niñas y los adolescentes; las mujeres; los trabajadores; las personas de la diversidad sexual; las de la tercera edad; los indígenas y las personas con discapacidad.

Hay un conjunto de derechos –procedentes de ámbitos normativos distintos– que concurre en las personas que por algún motivo se encuentran en un Estado distinto al de su nacionalidad, ya sea que se hayan visto forzadas a hacerlo o que decidan cambiar de país, en busca de un lugar seguro en el que se respete su vida, dignidad y derechos esenciales, o en busca de un trabajo. Se puede deducir así un conjunto de garantías y derechos que el migrante goza frente al país de destino y que no siempre es conocido y/o respetado por los poderes públicos.